El Estado orientador o de inversión social, es una forma institucional y política debido que está relacionada con la economía del saber, orientado principalmente a los jóvenes de nuevas generaciones, siendo la figura central en torno a la cual se reforma la política social. Finalmente, el término de Estado orientador implica la esperanza de un beneficio y de una ganancia futura, puesto que invertir es hacer elecciones, asumiendo riesgos.
El Estado es el promotor del desarrollo económico y social de un país. La presencia de cambios en el rol del Estado, en el concepto de los servicios financieros destinados a los mercados rurales, la cual se está separando el criterio del Estado prestador de servicios subsidiados, por ejemplo, al agricultor como compensación del impacto en la economía de los necesitados.
Un país que tenga un Estado promotor y orientador, deber ser con la mayor autonomía de poderes y cuya dimensión se ajuste a las necesidades reales de funcionamiento dentro de un marco de eficiencia y eficacia. Se considera que la organización geográfica de las acciones socio-económicas, forman una estructura dentro de la cual las regiones nacionales emplean funciones que responden a los intereses globales del sistema.
Por lo tanto, las decisiones que tomen los gobiernos implican en el bienestar de los ciudadanos, este impacto se muestra desde el tipo de educación pública que se brinda, los subsidios dirigidos a las universidades, transporte, energía y otros sectores relevantes de la economía, además, en los impuestos que se pagan y derivan de los ingresos de las familias, las leyes que se formulan con el fin de mejorar la seguridad de los más necesitados. El Estado está presente en la vida de los seres humanos diariamente, no existe actividad que se realice que no tenga participación del Estado.
Un Estado democrático asume un papel orientador y promotor en la economía y además garantiza la construcción de una ciudadanía integral. Es la razón de las reformas sustantivas que indican para fortalecer la relación del Estado con todos los funcionarios, desde la generación de dinámicas de inclusión que combinan las actividades del Estado, de la sociedad y del mercado. La agenda de reforma estatal impulsa a que el sistema político fortalezca y descentralice los elementos de participación, extendiendo los espacios de toma de decisión social. Además, se apuesta a propósito por la descentralización y la distribución territorial del poder.
