La seguridad jurídica es un principio que forma parte del Derecho, mundialmente reconocido, que se fundamenta en la convicción del derecho, tanto en el campo de su difusión como en su aplicación, y que representa la seguridad de que se sabe o puede saberse, lo conocido como prohibido, ordenado o legal por el poder público.
La seguridad jurídica se refiere a la garantía proporcionada a la persona por el Estado de manera que su vida, sus bienes y sus derechos no serán quebrantados o que, si esto último llegara a causarse, le serán resguardados por la sociedad, la defensa y reparación de los mismos.
Garantías de Seguridad Jurídica
Las garantías de la seguridad jurídica se trata a que frente la imposibilidad de que todas las normas o leyes que se determinan para el orden, buen funcionamiento, control y actividades de las personas estén incluidas en un solo documento, por ejemplo, en la Constitución de cada país, entretanto se requiere que se hallen en las demás reglamentos judiciales o estatutos legales con el objetivo de que queden determinadas evitando la inseguridad o desamparo.
De esta forma, se garantizan los deberes y los derechos que les pertenecen a todos las naciones, a los cuales deben tener acceso para su total conocimiento.
Un ejemplo de seguridad jurídica sería que, en cada país cambian las normativas judiciales de acuerdo a las necesidades y problemáticas que deben remediar y optimizar, por ende, varía la seguridad jurídica en cada hecho y depende de las circunstancias.
De la misma manera, el código procesal de un territorio puede estar basado en una norma jurídica ordinaria para toda la región o puede cambiar por dependencia, distrito o departamento, según sea pertinente.
En caso de que se encuentre una ley jurídica que se requiera cumplir para toda una zona, los habitantes, probablemente, usen la información y conozcan cómo deben accionar ante un hecho especial y a qué limitarse dependiendo los acontecimientos.
El código procesal, si bien, se modifica a lo largo de un distrito, entonces los habitantes deberán tener comprensión de cuáles son las leyes o códigos que se establecen en su lugar de domicilio y en los demás jurisdicciones, con el objetivo de evitar caer en sanciones o infracciones de la normativa por desconocimiento.
